El Presupuesto 2024 para San Miguel de Tucumán fue aprobado con 13 votos afirmativos y dos en contra en el Concejo Deliberante, siendo los únicos que optaron por la negativa los miembros del bloque alfarista: Carlos Ale y Ana González. Durante la sesión de ayer, tanto opositores como oficialistas cruzaron a la dupla del Partido por la Justicia Social (PJS) por no acompañar el proyecto que prevé unos $195.000 millones de gasto anual.
El dictamen de la comisión de Hacienda resolvió la quita de tres artículos del escrito que presentó la Intendencia y la modificación de otros tres. Entre los ítems removidos, se encontraba el artículo que establecía un régimen de retiro voluntario para los empleados municipales y dos que habilitaban al Ejecutivo municipal a incrementar los créditos presupuestarios y poder utilizarlos para contrataciones de iniciativa privada. “Agradezco a los miembros de la comisión la seriedad, responsabilidad y el hermetismo con el que vinimos trabajando”, dijo Emiliano Vargas Aignasse.
Apuntó directamente contra los ediles alfaristas, que ya habían dado a conocer su posición, y dijo: “Al presupuesto hay que aprobarlo, porque no existe Estado municipal si no se cuenta con uno. Mal estarían haciendo concejales de este cuerpo en rechazarlo totalmente. Los convoco a la reflexión, porque podemos diferir y no estar de acuerdo con algunas partidas, pero no dotar de presupuesto al municipio es decirle que no a la democracia y al funcionamiento del Estado”. “Cuatro años de gobierno de (Germán) Alfaro, cuatro años de dictamen por unanimidad; primer año de Rossana Chahla, el alfarismo vota en contra. Los convoco, en serio, a que lo vean, que lo analicen. Quizás tengan un margencito de tiempo para pensarlo”, agregó Vargas Aignasse. En esta línea, el oficialista José María Franco determinó que votar de forma negativa sería ir en contra del “mandato democrático” de la intendenta. “Fue electa por los vecinos para administrar los fondos y los recursos municipales. Es prácticamente decirle ‘no quiero que gobernés’. Uno puede hacer las críticas correspondientes, pero es muy irresponsable decir que no al presupuesto”, consideró.
A su turno, el radical Leandro Argañaraz hizo una acotación sobre los dichos de los ediles de Unión por la Patria (UP). “No toda postura política necesariamente es antidemocrática. El hecho de que la intendenta haya sido electa por y que nosotros votemos a favor o en contra no implica, necesariamente, estar en contra de la voluntad popular. Es facultad de los miembros de este cuerpo acompañar o no este proyecto”, defendió. Indicó que acompañaría el Presupuesto 2024, pero remarcó que “hasta el momento, la intendenta no brindó las respuestas a las que se había comprometido y el reloj hace ‘tic, tac’, porque estamos cerca de los 180 días”.
El opositor Gustavo Cobos resaltó: “No puedo dejar pasar que porque uno no esté de acuerdo o vote en contra sea tildado de irresponsable. Su partido (por el peronismo) no votó cuando gobernábamos en 2018, 2019, y no por eso los critico como antidemocráticos”. Sin embargo, sobre su postura, planteó que no coincide con algunos puntos del modelo de ciudad de Chahla pero que “no es argumento suficiente para oponerse a un presupuesto que se debe controlar”.
También hubo ediles que se expresaron únicamente para manifestar su acompañamiento al proyecto del Ejecutivo municipal. Entre ellos, Ramiro Ortega, que defendió su postura de “oposición responsable” como miembro de Fuerza Republicana (FR) y su apoyo a la rendición de cuentas que envió el municipio, que considera equilibrada. “De igual manera, todavía estamos esperando el plan de erradicación de basura y la copia del pliego de la basura”, recordó. Se sumó a este tipo de declaraciones Gastón Gómez (Libres del Sur), que valoró el trabajo en comisión. Según aseguró, aquello permitió a los concejales resolver dudas y planteos para llegar al consenso. “Fue un trabajo serio, responsable, que mostró la voluntad de diálogo y de consenso”, dijo.
En tanto, Carlos Arnedo (JxC) agregó: “Voy a acompañar como oposición constructiva, pero vamos a profundizar la exigencia de temas que están en mora y que hacen a la efectividad del servicio para la comunidad”. Y el miembro de la bancada radical, Federico Romano Norri, manifestó: “Nuestra obligación es pedir que comencemos a ver cuáles son los resortes que tienen que funcionar para comenzar a traer la alternativa que quieren trabajar en Tucumán. Después tendremos tiempo de ver que corrija el rumbo, pero hay que darle la oportunidad”. El radical José María Canelada valoró que, en aspectos procedimentales, el tratamiento del tema fue correcto. “Se generó una opinión libre y responsable; tuvimos datos, tiempo y desagregados. Me parece que estuvo bien”, dijo.
En tanto, los fundamentos de los alfaristas se refieren a que el presupuesto “no refleja de dónde se van a conseguir los fondos para poder cubrir las obras y los servicios que tienen planificados”, según dijo González. La edil criticó la “desidia y negligencia” de la Intendencia por considerar que no implementó medidas concretas ante la epidemia de dengue y mencionó algunos detalles de las partidas del Presupuesto que le llamaron la atención, como el “desmesurado aumento en la Secretaría General, que pasó de $750 millones en 2023 a $3.908 millones, un 421%”.
En tanto, Ale fundamentó: “Considero que carece de sensibilidad social, es desmesurado en aumento y posee falta de calidad de detalle en las partidas”. Mencionó algunas cuestiones que no acompaña, como la nueva plataforma virtual para hacer denuncias. “Me pregunto si los vecinos de la autopista Sur tienen conectividad”, cuestionó.